Este último domingo 28 de junio se produjo en Honduras un golpe de estado cívico – militar a la vieja usanza. Un retorno al pasado, un acontecimiento que incluso parecía inverosímil al ser presentado por los medios de comunicación. Luego de décadas de gobiernos electos democráticamente, la noticia de un golpe de estado demoró en ser digerida por la comunidad internacional.
Más allá de las primeras declaraciones formales que indicaban el rechazo al golpe, los países del continente americano nucleados en la OEA demoraron la elaboración de un plan de acción coherente y eficaz. La excepción quizás fue Costa Rica, país anfitrión del depuesto Presidente de Honduras, Manuel Zelaya (foto), cuando este fue obligado a punta de fusil a subir a un avión militar. Asimismo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue categórico y respondió rápidamente a los sucesos brindando una conferencia de prensa el mismo día del golpe, dando incluso a entender que estaba dispuesto a utilizar la fuerza para restablecer en su cargo a Zelaya.
El detonante para el golpe de estado había sido el llamado a consulta popular para reformar la constitución que se llevaría a cabo el mismo domingo 28. Este referéndum, declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia hondureña, sirvió de excusa principal para los golpistas, escudándose tras un manto de “legalidad” a todas luces ilusorio.
Recién ayer, miércoles 1 de julio, la Organización de Estados Americanos lanzó un ultimátum al gobierno de facto hondureño, al concederle 72 horas para negociar una salida diplomática al conflicto.
La situación para este sábado es una incógnita: no se sabe qué sucederá cuando Zelaya retorne a Honduras una vez que haya finalizado el plazo brindado por la OEA. En principio, regresará a su país para hacerse cargo del poder, acompañado por dirigentes políticos del continente como los presidentes de Ecuador, Rafael Correa y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Se estima que también Hugo Chávez estará presente.
El gobierno de facto hondureño, a cargo del congresista Roberto Micheletti, prometió encarcelar a Zelaya apenas arribe al país, en respuesta a supuestos delitos como “traición a la patria” y, vaya paradoja, “violación de la constitución nacional”.
Mientras tanto, ningún país de la comunidad internacional ha reconocido el “nuevo” gobierno, con la excepción, según el propio Micheletti, de Israel y Taiwán. Incluso pende sobre Honduras la amenaza de ser expulsada de la OEA si no retorna a la vía democrática una vez finalizado el plazo de 72 horas. Particularmente duras han sido las declaraciones de Miguel Ángel Moratinos, canciller español, al señalar que todas las naciones de la Unión Europea retirarán sus embajadores y no reconocerán al gobierno de facto instalado en Honduras, tal como hicieron los Estados americanos.
La capacidad negociadora de Micheletti es inexistente, en cuanto representa a un grupo armado que atentó contra la democracia de su propio país y está cercado por la comunidad internacional de una manera tal que hasta el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han congelado todos los planes y créditos que estaban en marcha en Honduras. Además, la situación empeora con el correr de las horas ya que el gobierno ilegítimo suprimió artículos constitucionales y garantías individuales: la inviolabilidad de la libertad personal, los derechos a la asistencia jurídica al ser detenido, y de asociación, circulación y reunión, estableciendo en la práctica un toque de queda.
La nota, como siempre ocurre en estos casos, la dio el Wall Street Journal, que en un editorial calificó el golpe de estado en Honduras como “extrañamente democrático”, ya que terminó “legalmente” con la “intimidación populista” de Manuel Zelaya.
